El Fondo de Compensación de Intereses Agropecuario, FECI; fue creado mediante la Ley 4 del 17 de mayo de 1994. Originalmente, fue concebido para que todos los préstamos locales destinados al sector agropecuario gozaran de una tasa preferencial y así pudiese el agro desarrollarse y producir alimentos de calidad a precios razonables. El proyecto de ley 448, presentado el 18 de enero de 2017, propone devolverle al sector agropecuario el sentido de la ley original, rescatando gradualmente parte del fondo para aumentar el apoyo al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y rubros como educación, entre otros.
El anunciado veto presidencial a este proyecto de ley demuestra una vez más la incoherencia entre el discurso y la práctica, cuando se desgarran las vestiduras para expresar que “debemos redimir el agro” y por otra parte desconocen sus derechos.
En una economía centrada en los servicios, los préstamos personales y comerciales han tenido una tendencia creciente, que es donde se originan los fondos del FECI, con la retención del 1% anual sobre el monto de los préstamos mayores de $5 mil. Estos fondos, a través de un mecanismo de compensación, permiten otorgar préstamos con una tasa de interés preferencial a créditos en el agro.
Gobernantes de escasa visión permitieron que los excedentes del FECI se utilizaran para financiar otras actividades , desvirtuando el propósito de la ley original. Actualmente se utilizan para financiar préstamos con tasas preferenciales que no tienen ninguna vinculación con el sector agropecuario, como lo es el sector de la construcción.
Los que estamos vinculados al sector educativo, sentimos que el proyecto de ley 448, al asignarle un porcentaje a un fideicomiso para estudios en ciencias agropecuarias a nivel medio y superior, reconocía que las transformaciones que requiere el sector agropecuario pasan necesariamente por la formación de recurso humano calificado. La edad promedio de los técnicos del sector agropecuario es de 55 años, por lo que urge motivar a los jóvenes para que opten por carreras en el sector agropecuario.
El Ministerio de Educación forma bachilleres agropecuarios en todo el país. Estos egresados no tienen los recursos financieros para optar por una formación terminal a niveles de técnico superior, licenciaturas o ingeniería. Esos jóvenes con vocación por el trabajo agrícola y con la disposición de un pedazo de tierra para producir se ven frustrados cuando la necesidad los obliga a trasladarse a la ciudad, a realizar cualquier tipo de trabajo para subsistir. En consecuencia, la inversión del Estado se diluye, porque no se pueden insertar al mercado laboral por el que se encaminaron originalmente.
Invitamos al señor presidente de la República a que reflexione sobre la decisión tomada. La visión del estadista es mirar en el horizonte, en búsqueda de lo que puede ocurrir en las próximas generaciones y tomar en estos momentos las decisiones adecuadas para asegurarnos que en el futuro tengamos seguridad alimentaria y paz social, especialmente en las áreas alejadas de la gran metrópoli, que no necesitan más migración de jóvenes, en detrimento del agro.
Licenciada Nixa Gnaegi de Rios
Rectora
Universidad Tecnológica Oteima